Porque la naturaleza de nuestra sociedad conduce a la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de la clase dominante que pone nuestra dignidad en juego, y no puede, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. Si a través de la educación el hombre deviene en hombre, siendo este el único animal que se crea a sí mismo, no sólo en tanto a su ser estrictamente biológico respecta, sino como individuo apto para la sociedad de la que se vale para subsistir, y esta, a su vez, es modificada a conveniencia de los intereses de las llamadas naciones de primer mundo de las que nuestra América depende; entonces, el modelo educativo que el Estado mexicano pretende implantar en todos los niveles, lejos de preparar a nuestro pueblo para que, comprendiendo los problemas que al ser social que conforma le aquejan piense por sí mismo y ejerza su voluntad propia, resulta menos que un mecanismo fabril de obreros competentes para la defensa de estos intereses.
Compañero de cadenas, América Latina surge como tal al incorporarse al sistema capitalista en formación; es decir, cuando la expansión mercantilista europea del siglo XVI. En consecuencia, la clase burguesa es la clase dominante desde el siglo XVIII, clase enriquecida con el oro extraído de nuestra América a fuerza del trabajo de indígenas y esclavos explotados por los colonizadores. Hoy, esta riqueza vuelve a nosotros bajo la forma de empresas transnacionales que oprimen a la clase trabajadora. Nuestros gobiernos, en calidad de lacayos de la burguesía, transforman a conveniencia de sus amos nuestro sistema educativo entendido como un derecho del pueblo que garantiza el desarrollo armónico de todas sus facultades humanas. Por lo tanto, el despojo a la educación de su carácter público, laico y gratuito, unas veces explícito, otras tantas velado, consiste en algo más que un crimen contra la humanidad, debido a que el conocimiento, patrimonio forjado por ella misma a lo largo de su existencia para sobrevivir, es consecuencia del trabajo colectivo de la especie, por lo que debe servir única y exclusivamente a la humanidad en su totalidad, en nuestro caso, particularmente al pueblo de México que con su trabajo la sustenta, pues ¿quién más sino el pueblo educado participará de un proyecto de nación en su beneficio?1
Así pues, las reformas pretendidas en todos los niveles educativos que el Estado imparte son manifestaciones ligeramente distintas de un mismo proyecto pedagógico que beneficia únicamente a las empresas transnacionales, convirtiendo a las instituciones educativas de la Nación en centros de capacitación encargados de desarrollar las aptitudes necesarias que los intereses productivos de las mismas demandan, los que, sobra decir, son contrarios a los de la clase trabajadora. Tal sistema pedagógico por competencias considera inútiles aquellas aptitudes que permiten al hombre comprender las relaciones que guarda con la naturaleza y el ser social en el que está inmerso, privando al estudiante tanto del conocimiento científico en lo que a las ciencias naturales y sociales respecta, como del humanista y artístico, que si de por sí incipiente, ahora, cuando no nulo, del todo insuficiente. Según las reformas, este vacío será tapado con el lapidario pensamiento mágico en su versión católica, lastre que además, siendo dominante, anula de hecho el artículo 24 constitucional que asegura la libertad de creencias. Baste con recordar el intento por eliminar la Filosofía de la educación media, o la pretendida fusión del estudio de los fenómenos literarios hispánicos y de la llamada literatura universal con el de la lengua española, materia prima de estos, en favor de aumentar, comparativamente, las horas asignadas al cultivo de la lengua inglesa en detrimento de la propia, mas ni siquiera para estudiar a Shakespeare en su lengua, sino para ejecutar convenientemente los manuales operativos de la maquinaria transnacional, escritos, en su mayoría, en la lengua de los dominadores.

1 Ver, Gaceta Parlamentaria, número 2653-XV, jueves 11 de diciembre de 2008; en: http://gaceta.diputados.gob. Esta concepción tenía sustento en el articulo tercero de la Carta Magna, anulando, entre otros aspectos, el carácter laico de la misma que garantizaba la libertad de creencias religiosas, teniendo por guía, consecuentemente, los resultados del progreso científico. El pasado 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron.